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Puebla respira libre de deudas ¿A donde ira el dinero ahora?

PUEBLA, Pue. — La liquidación de compromisos financieros heredados de pasadas administraciones abrió un margen de maniobra presupuestal que el Gobierno de Puebla destinará a infraestructura de alto impacto social, obras de pavimentación y el fortalecimiento de los servicios de salud pública.

Al hacer un balance del estado financiero de la entidad, el gobernador Alejandro Armenta Mier denunció el uso desproporcionado de esquemas como las APP y PPS en sexenios anteriores, los cuales aún implicarán el pago de mil millones de pesos el próximo año por las plataformas de San José Chiapa y el Centro Integral de Servicios (CIS).

Las cifras del contraste

El titular del Ejecutivo enfatizó la diferencia entre los megaproyectos del pasado y la actual estrategia de gasto eficiente:

  1. Museo Barroco: Tuvo una erogación de 14 mil millones de pesos pese a que su costo real era de 600 millones. Su liquidación evitó pagar 8 mil millones adicionales en intereses y deuda a futuro.
  2. Plataforma Audi: Representó 11 mil millones de pesos del erario público.
  3. Edificio del CIS: Implicó un desembolso de 7 mil millones de pesos.

Armenta Mier puntualizó que el costo del MIB habría alcanzado para construir 361 módulos de pavimentación o adquirir 333 unidades médicas similares al Hospital Itinerante Cinco de Mayo, cuya inversión de 42 millones de pesos ya permitió intervenir quirúrgicamente a 500 personas de escasos recursos sin costo alguno.

Cobertura médica integral para el estado

El gobernador adelantó que la estrategia de salud se ampliará en el siguiente ejercicio fiscal con la llegada de un nuevo hospital itinerante equipado con módulos quirúrgicos.

Esta infraestructura móvil recorrerá las zonas de mayor marginación geográfica —incluyendo las sierras Norte, Nororiental y Negra, así como la Mixteca y la zona conurbada— para ofrecer diagnóstico y tratamiento oportuno en padecimientos gastrointestinales y detección de cáncer de mama y cervicouterino, coordinado por el DIF Estatal, los ayuntamientos y el sistema IMSS-Bienestar.

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