- En 600 días de administración, el estado abandona los primeros lugares nacionales en incidencia de este delito.
- La estrategia descentraliza la justicia y concentra servicios de la FGE, DIF y dependencias estatales en un solo lugar.
A 600 días de gobierno, el estado de Puebla reporta una disminución del 60 por ciento en el delito de feminicidio durante el primer semestre de 2026, consolidando un descenso sostenido tras la reducción del 40 por ciento registrada al cierre de 2025.
Durante una conferencia de prensa, el gobernador Alejandro Armenta Mier atribuyó este logro a la implementación de los Centros LIBRE (Libertad, Igualdad, Bienestar, Redes, Emancipación)-Casas Carmen Serdán, un modelo interinstitucional que busca descentralizar la procuración de justicia y alinear las políticas estatales con la estrategia nacional encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Justicia integral y refugio inmediato
El mandatario estatal destacó que la estrategia, puesta en marcha desde el primer día de la administración, ha permitido brindar más de 200 mil servicios y sacar a Puebla de los primeros puestos nacionales en incidencia de violencia de género.
Como parte del despliegue territorial, la primera Casa Carmen Serdán fue inaugurada en el municipio de Acatlán de Osorio, donde otorgó refugio y protección inmediata a una mujer y a sus hijos en situación de vulnerabilidad. La meta del Ejecutivo estatal es instalar un centro en cada una de las 31 microrregiones del estado.
Un modelo de ventanilla única
Por su parte, la fiscal especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres, Karla Michelle Salas Sánchez, explicó que estos espacios operan bajo un esquema de atención integral que incluye:
- Presentación inmediata de denuncias y emisión de medidas de protección.
- Asesoría jurídica, atención psicológica, médica y de trabajo social.
- Seguimiento puntual a las investigaciones a cargo de la Fiscalía General del Estado (FGE).
El modelo integra la colaboración del Sistema Estatal DIF, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de las Mujeres, los ayuntamientos, el Poder Judicial, el sector empresarial —como Coparmex— y organizaciones sociales, con evaluaciones de desempeño cada 100 días para garantizar la rendición de cuentas.
